Cuidados, un derecho y un deber

No hay nada esencial en la biología del sexo femenino

que haga a las mujeres más aptas

 para cuidar de sus semejantes que los hombres.

Victoria Camps

«Poner los cuidados en el centro», es una frase que escuchamos a menudo pero, como sucede con los slogans que se popularizan, carece de significado concreto. Porque, ¿qué significa poner los cuidados en el centro?

Habla Victoria Camps, en Tiempo de cuidados, de la «ética del cuidado», definiéndola como «una ética alternativa a la ética racionalista, pensada por y para un individuo racional y autónomo, sujeto de derechos». La ética del cuidado es más «una ética de casos», señala la autora, que parte del supuesto de que no existen soluciones válidas para todas las situaciones, aunque sean similares. La ética del cuidado «exige flexibilidad, adaptación a los contextos, actuación desde circunstancias que no son iguales aunque se parezcan».

Esta idea sitúa el cuidado a otro nivel, piensa en cómo debe ser tratada cada persona teniendo en cuenta su realidad concreta.

Pero…, una cosa es la teoría y otra la práctica cotidiana. Leer a Victoria Camps supone ver los cuidados a un nivel tan distinto del que tenemos actualmente que cabe preguntarse si los planteamientos de la autora no son más que una utopía, una idea que queda bien sobre el papel pero imposible de aplicar. Pensamos que el planteamiento que se hace en Tiempo de cuidados, no debe ser visto como utópico, sino como una guía, como el esbozo de un nuevo paradigma al que debemos aspirar si queremos una sociedad más justa.

Los cuidados no pueden seguir recayendo en las mujeres, como citamos al principio, no hay nada en la biología que determine que ellas están más cualificadas para cuidar. Es la sociedad la que ha delimitado el papel, las tareas que las mujeres deben cumplir en la sociedad, considerando que los hombres deben hacerse cargo de las tareas productivas dejando para las mujeres las de reproducción. La división sexual del trabajo no tiene sentido en las sociedades avanzadas. Es imprescindible el reparto de los cuidados. «La ética del cuidado en una democracia es una ética de reparto de responsabilidades».  

Todas las personas tenemos derecho a recibir los cuidados pero el derecho a ser cuidadas/os lleva implícita la obligación de cuidar. De acuerdo con Camps el derecho al cuidado, como todo derecho fundamental, debe estar garantizado por el estado. «Los gobiernos deben hacerse cargo de los cuidados y hacerlo repartiendo responsabilidades, procurando que la ciudadanía asuma también sus deberes de cuidado, que corresponda en cada caso».

Dice la autora en Tiempo de cuidados que hay que avanzar hacia una sociedad cuidadora, en la que se debe cuidar con cuidado. «No hay fórmulas que indiquen cual es la mejor forma de cuidar. Cuidar consiste en ir más allá, dar algo más que lo estrictamente necesario». Resulta complicado llevar a cabo esta idea de Camps si no se modifican de forma radical las condiciones en las que hoy día se presta el cuidado, ya sea de forma remunerada o no remunerada, en especial a las personas mayores y/o dependientes.

Hemos analizado en otras ocasiones las deficiencias en la aplicación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, conocemos los problemas acaecidos en las residencias geriátricas durante el confinamiento, valoramos los esfuerzos que se están realizando para salir del atolladero en el que se encuentra el sistema de atención a la dependencia y que el COVID-19 agudizó. Dada la realidad que vivimos, leer a Camps produce una cierto desasosiego, cierta desesperanza. ¿Cómo cuidar teniendo en cuenta los deseos de la persona, acompañándola en su proceso de envejecimiento pero respetando su autonomía en las condiciones que se prestan hoy los cuidados? Hay mucho que hacer, mucho que cambiar en las políticas públicas de cuidado si queremos que pasen del modelo asistencial al de acompañamiento,  si queremos caminar hacia una democracia de cuidados.

No vamos a hablar del «autocuidado», que analiza Camps, sólo apuntaremos algunas interrogantes que ella plantea. «¿Cómo entender el autocuidado para que no sea un obstáculo para el cuidado del otro?», «¿en qué medida el cuidado de sí puede entenderse como una condición necesaria para cuidar de los demás?»

Finalizamos con la pregunta que hacíamos al principio, ¿qué significa poner los cuidados en el centro? Pues cambiar de paradigma, aplicando el modelo que se plantea en Tiempo de cuidados, que no es fácil de implantar pero que sería ventajoso para toda la sociedad.

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Tiempos de pandemia, tiempo de elecciones #4M

La insensatez nos ha llevado a que en Madrid, en plena pandemia, se afronten unas elecciones que cada día se complican más, o tal vez no, porque en estos momentos se está poniendo en evidencia, por si alguien tenía dudas, qué defiende la derecha y la extrema derecha.

No es agradable pensar que en Madrid lleva gobernando la derecha muchos años y no quiero ni imaginar que lo siga haciendo. El deterioro del sistema sanitario es evidente, la atención primaria sigue funcionando a medio gas desde comienzo de la pandemia, las instalaciones de los centros hospitalarias se descuidan. Mientras se construye un nuevo hospital, con un coste increíble, que sigue meses después de su apertura sin las condiciones para atender a pacientes de COVID, para lo que fue construido.

El personal sanitario sufre la falta de gestión y ve cómo sus esfuerzos chocan con la incoherencia de quienes tienen la obligación de facilitarles su trabajo. La candidata Díaz Ayuso insulta a las personas que se han visto en la necesidad de acudir a las llamadas «colas del hambre» diciendo que son «mantenidos y subvencionados» ¿cabe más indecencia?

El fascismo se quiere hacer ver y protagoniza episodios para salir en la prensa, una toreando, otro fumando un puro en plan cacique y finalmente faltando al respeto al resto de candidatas y candidatos en un debate de radio. Negarse a condenar las amenazas recibidas por Iglesias e insinuar que se trata de un montaje es poner de manifiesto, sin ningún tipo de filtro, su ideología fascista. Una amenaza con balas es terrorismo y debe condenarse de forma expresa, sin ningún tipo de paliativo. Las amenazas las recibieron junto a Pablo Iglesias, el ministro Fernando Grande-Marlaska y la directora general de la Guardia Civil, María Gámez. Vaya mi condena mas absoluta.

La gestión de Madrid no puede seguir en manos de quienes desprecian a las personas migrantes, que mienten sobre las/os menores que llegan a nuestro país en busca de una vida digna. El gobierno de la Comunidad de Madrid se ha olvidado de quienes van a trabajar en transporte público cada día. El hacinamiento en el metro se ha denunciado de forma constante, pero la presidenta decía que el metro es seguro porque » la gente no va abrazada».

Las residencias de mayores tenían una gestión muy deficiente, algo bien sabido, pero no se hizo nada antes ni durante la crisis. Se dejó morir a las personas mayores sin atención, sin facilitar la hospitalización, más bien impidiéndola, con las consecuencias que tan bien conocemos. Pero se responsabiliza a otros de la mala gestión, como si no supiéramos que son competencia de las comunidades autónomas. La atención a la dependencia requiere de forma urgente una gestión pública y un modelo de atención que impida que en un futuro se cometan los mismos errores.

El #4M nos jugamos mucho en Madrid, las mujeres en mayor medida, pues la igualdad de derechos y oportunidades, para quienes han gobernado estos años, en especial los dos últimos, es cosa de risa. No les ha importado que muchas mujeres se hayan visto abocadas a dejar el trabajo o reducir la jornada laboral por tener que cuidar a menores y dependientes. Que la extrema derecha no tenga el menor poder de decisión es lo que tenemos que conseguir.

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#8M2021 Día Internacional de las Mujeres

Este #8M se presenta complicado. El #COVID_19 ha trastocado nuestra vida, la pandemia está haciendo que nos replanteemos algunas convicciones y que nos reafirmemos en otras. La más importante es que la reivindicación de los derechos de las mujeres sigue siendo prioritaria.

La Delegación del Gobierno de Madrid ha prohibido las concentraciones convocadas por diferentes colectivos feministas, a pesar de que se garantizaba que se cumplirían todas las medidas sanitarias. Manifestarse es un derecho, no lo olvidemos. Pero se ¡¡¡prohíben¡¡¡ las concentraciones feministas. Dicen que por «motivos de salud pública», cuando durante estos meses se han permitido manifestaciones de todo tipo en Madrid, cabe preguntarse ¿Qué tienen de diferente las concentraciones feministas en lo que a salud pública se refiere?

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A menudo he citado la frase de Simone de Beauvoir “No olvidéis jamás que bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Estos derechos nunca se dan por adquiridos, debéis permanecer vigilantes toda vuestra vida». La crisis sanitaria, social y económica que estamos viviendo, lo confirma, pues afecta en mayor medida a las mujeres y pone en cuestión algunos de los derechos alcanzados.

La solidaridad entre feministas es prioritaria en estos momentos en que la crisis pone en peligro los logros con tantos esfuerzos alcanzados. La derecha es cada vez más virulenta en sus ataques al feminismo. Unamos esfuerzos contra la reactivación del patriarcado, nuestros desacuerdos, legítimos e imprescindibles, no deben ser una barrera para trabajar unidas y seguir reivindicando que los derechos de las mujeres no pueden retroceder.

El confinamiento y las restricciones posteriores han supuesto una sobrecarga de trabajo para las familias, que ha recaído ¡¡cómo no¡¡¡ en las mujeres, en especial los cuidado. El cierre de los colegios y posteriormente el recorte de recursos educativos, ludotecas, actividades extraescolares, el cierre de centros de día para mayores, etc., está suponiendo una sobrecarga de trabajo que asumen, en su mayor parte como siempre, las mujeres.

Este #8M2021 exijamos corresponsabilidad en los cuidados, es decir, que los hombres y las administraciones asuman la parte que les corresponde.

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Cuidar y conciliar sí, pero…. las mujeres

Escribí este articulo en 2013 para le revista Fanzine Imposible 7. Lo recupero hoy porque al entrar en vigor los permisos de paternidad iguales e intransferibles, se ha abierto el debate en las redes sociales sobre si es una medida que favorece a las mujeres o no.

La situación de las mujeres, con respecto a la maternidad y los cuidados, poco ha cambiado en estos nueve años y mi opinión sigue siendo la misma. Los cuidados deben ser compartidos por los hombres, y las administraciones deben implicarse con políticas públicas que favorezcan la corresponsabilidad. Queda mucho por hacer y así lo señalaba en este artículo.

Cuidar y conciliar sí, pero…. las mujeres

Introducción

Mucho se habla de la conciliación de la vida laboral, familiar y personal, pero en general se potencian medidas para facilitar que las mujeres, las madres sean las que asuman el cuidado de hijas e hijos o de personas dependientes; los hombres, los padres se quedan al margen. Cuidar de la familia ha sido tradicionalmente un trabajo realizado por las mujeres y a pesar de los grandes cambios que se han experimentado, cuidar sigue siendo «cosa de mujeres».

Se teoriza continuamente sobre la importancia de los cuidados, que si debe valorarse más, que cuidar es una tarea gratificante, que si cuidar a mayores, dependientes y bebés debe considerarse prioritario, en fin, que se debate mucho pero a la hora de la verdad poco se hace para solventar un problema cada día más acuciante.

A menudo se sigue justificando que sean las mujeres las que abandonen el trabajo remunerado de manera temporal o reduzcan la jornada laboral para hacerse cargo de las personas de la familia que necesitan cuidados, pero no se tiene en cuenta las consecuencias que acarrea a las mujeres. Como es evidente la situación es diferente si se trata de cuidar de una criatura recién nacida o de dependientes.

Maternidad/paternidad

La idea de que las mujeres, es decir, las madres, están mejor preparadas para cuidar es una explicación que no se sostiene, es un argumento esencialista. Esgrimir el instinto maternal no deja de ser una manera de naturalizar una situación que de hecho perjudica seriamente a las mujeres. Porque, ¿qué sucede con las mujeres que no son madres o las que deciden no cuidar?, ¿son menos mujeres? En alguna ocasión conocidos políticos han defendido esta idea, que es tan obsoleta y falta de fundamento que no merece la pena perder tiempo en desmontarla.

Esta pretendida defensa de la maternidad, de los derechos de las madres a cuidar de sus criaturas esconde otra realidad: la maternidad discrimina. Las madres, cuando nace una criatura, se ausentan del trabajo remunerado 16 semanas, tiempo legal de permiso de maternidad. El padre, por el contrario, solamente dispone de 2 semanas.

Esta diferencia en el permiso por nacimiento o adopción de madres y padres es la primera contradicción por razón de género que encontramos y que no tiene justificación legal. Se esgrime que es para que la madre se reponga del parto. Esto es cierto para las 6 primeras semanas, por eso son obligatorias, mientras las diez restantes puede cedérselas al padre porque son para el cuidado de la criatura recién nacida. ¿Por qué entonces los padres disponen solamente de dos semanas? Si se trata de que las niñas/os necesitan atención a tiempo completo durante un determinado periodo, ¿por qué no se facilita que los padres puedan cuidar?

Los permisos de maternidad y paternidad deben ser iguales, intransferibles y pagados al 100% para avanzar en igualdad y para eliminar la discriminación que sufren las mujeres al ser madres o por el simple hecho de que puedan serlo, es lo que se llama discriminación estadística.

Esta propuesta de permisos iguales e intransferibles y pagados al 100% es defendida por la Plataforma por Permisos Iguales e Intransferibles por Nacimiento o Adopción, PPiiNA. En la Proposición de Ley que dicha Plataforma ha elaborado y que se registró en el congreso en el 2012, se hace especial hincapié en que estos permisos deben ser para todas las parejas, ya que tiene en cuenta que la realidad social ha cambiado y que las parejas del mismo sexo deben tener los mismos derechos cuando tienen descendencia.

El Congreso de los Diputados ha admitido en diferentes ocasiones que esta diferencia en los permisos para madres y padres es una «disfunción en la legislación actual» y ha instado al Gobierno a que iguale los permisos de maternidad y paternidad. En la subcomisión de Igualdad del Congreso se admitió también la necesidad de igualar los permisos. ¿Por qué entonces no se amplía el permiso de paternidad? ¿Qué resistencias existen? Aunque se busquen justificaciones la realidad es que el patriarcado se resiste a permitir que las mujeres tengan las mismas oportunidades que los hombres. Defender la igualdad entre mujeres y hombres de manera teórica es fácil, es «políticamente correcto«, pero cuando se trata de actuar, la cosa cambia, comienzan las justificaciones.

«Cuando la situación económica lo permita«, es la argumentación para no ampliar el permiso de paternidad y que madres y padres no dispongan del mismo tiempo para cuidar, pero es evidente que esto no es más que una coartada para justificar que las mujeres dediquen un tiempo al trabajo remunerado, pero sin abandonar sus funciones de madres, esposas, etc.

Los datos no dejan lugar a dudas, sólo un reducido número de padres, 6,67%, piden excedencia para cuidar. De las mujeres que trabajan a tiempo parcial el 95,33% lo hacen para cuidar de hijas/os y otros familiares, el porcentaje de hombres es del 12,20%.

Vemos pues que ser madres o ser padres tiene consecuencias muy diferentes en lo que al empleo se refiere. Salarios más bajos, problemas para acceder a puestos de alta dirección, «techo de cristal», son algunos de ellos.

 Dependencia

Los cambios socioculturales que se han producido, entre los que hay que destacar la masiva incorporación de las mujeres al trabajo remunerado, unido a que la esperanza de vida es cada vez mayor, ha supuesto que el cuidado de personas mayores sea un problema. La Ley de Dependencia vino a dar respuesta a esta situación y a resolver la demanda de cuidados profesionales para las personas dependientes, pero tras diez años de aplicación, está muy lejos de cumplir las expectativas que provocó.

Analizada con perspectiva de género, la Ley de Dependencia presentaba algunos puntos cuestionables. Veamos:

Artículo 14.4: «El beneficiario podrá, excepcionalmente, recibir una prestación económica para ser atendido por cuidadores no profesionales, siempre que se den condiciones adecuadas de convivencia y de habitabilidad de la vivienda y así lo establezca su Programa Individual de Atención».

Artículo 18.1 «Excepcionalmente, cuando el beneficiario esté siendo atendido por su entorno familiar, y se reúnan las condiciones establecidas en el artículo 14.4, se reconocerá una prestación económica para cuidados familiares».

Aquí vamos a hablar de «cuidadoras familiares o informales«, dado que la mayoría de personas que cuidan a dependientes en el entorno familiar y que se acogen a esta medida son mujeres, cerca del 90%. El lenguaje sí importa.

La Ley establecía que las cuidadoras familiares o no profesionales, además de la aportación económica que se estable en función del grado de dependencia de la persona a cuidar, serían dadas de alta en la Seguridad Social, pero esta norma se suprimió con la reforma del 2012, que además de reducir en un 15% las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar, establece que la Seguridad Social corra a cargo de la cuidadora y también aumenta el copago.

Para hacernos una idea de las implicaciones de estos cambios debemos tener en cuenta que las aportaciones a las cuidadoras no profesionales no llega de media a los 250 € mensuales, y siempre en función del grado de dependencia de la persona a atender. Esta prestación, que se ha dado en llamar «la paguita», vista con enfoque de género, se vio desde el principio como una trampa para las mujeres.

Tengamos en cuenta que el hecho de que una hija dedique parte de su tiempo a cuidar de su madre o de su padre se ve como lo normal, «es lo que tiene que hacer»; si ahora pagan por hacerlo… ¿Cómo va a quejarse? No importa que lo que reciba por esta tarea sea una cantidad mínima, “está cobrando”, los hombres de la familia ya pueden despreocuparse. Además, ¿Qué sucede cuando la persona a quien cuida fallece? En muchos casos abandonaron el trabajo remunerado y su reinserción es difícil, bien por edad o por falta de formación.

La Ley de Dependencia contempla también que los cuidados a personas dependientes se lleve a cabo en el entorno familiar con ayuda profesional, es decir, ayuda a domicilio. El número de horas que la Ley de Dependencia proporciona está en función del grado de dependencia reconocida. Actualmente el «Grado III: Gran Dependencia», recibe entre 46/70 horas mensuales. Es decir, a una persona totalmente dependiente, se le conceden un máximo de 70 horas mensuales, que si lo distribuimos entre 30 días vemos que recibirá 2,30 horas diarias. ¿Quién cuida las 21,70 horas restantes? La respuesta es fácil: una mujer que habrá dejado de lado parte de su vida para realizar el mandato de género que la sociedad patriarcal sigue asignando a las mujeres.

Podemos preguntarnos: ¿Por qué cuidan las mujeres?, ¿por qué las mujeres «deciden» modificar radicalmente su vida cuando la madre o el padre comienzan a ser dependiente?, ¿qué les lleva a asumir los cuidados en solitario o con las hermanas, madres, cuñadas, dejando que los hombres de la familia se mantengan al margen?

A pesar de los muchos avances en lo que a igualdad entre mujeres y hombres se refiere, la división sexual del trabajo sigue presente en la sociedad y condiciona la vida de las mujeres. Como ya hemos señalado, el «trabajo de cuidar sigue siendo cosa de mujeres«. Ante esta situación, ¿cómo compatibilizar cuidados y trabajo remunerado?

Conciliación

¿Quién no ha escuchado miles de veces que es fundamental que se implementen medidas de conciliación? Las empresas, las administraciones, las organizaciones empresariales, etc., hablan constantemente de ello, pero la realidad es que los avances son lentos y cada vez un problema más acuciante. Compatibilizar la vida laboral y familiar, no digamos ya la personal, es difícil, cuando no imposible.

Son muchas las causas que impiden la conciliación. Sin pretender enumerarlas todas vamos a señalar las más importantes. En primer lugar los horarios, la jornada partida, las largas pausas para la comida, la poca o nula flexibilidad horaria, la cultura empresarial que potencia el presentismo y hace que las horas que se permanece en el lugar de trabajo sean excesivas. Esta situación supone que al nacer una criatura sea difícil compatibilizar su cuidado con el trabajo remunerado.

Como hemos señalado los cuidados recaen en las mujeres principalmente, son ellas en definitiva las que «concilian», es decir, las que reducen su jornada laboral, se apartan temporalmente del empleo o piden ayuda a abuelas/os para cuidar a niñas y niños. En el caso de las personas dependientes cuando se tienen medios económicos se busca ayuda externa, cuando no se tienen esos medios hay pocas alternativas.

No existen soluciones mágicas para solventar la situación, pero sí está claro que es imprescindible la corresponsabilidad en los cuidados, es decir, los hombres deben asumir la responsabilidad de cuidar al mismo nivel que las mujeres, pues mientras esto no se produzca, por muchas medidas que se tomen, serán las mujeres las que concilien y ello supone un coste en lo personal y en lo profesional, que tiene consecuencias en el presente y en el futuro.

Si bien es imprescindible que los hombres se corresponsabilicen en los cuidados, no es suficiente, son necesarias políticas públicas efectivas y que tengan en cuenta la realidad que vivimos.

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Los cuidados en los PGE

El Resumen Ejecutivo de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021 dice que estos presupuestos están llamados a cambiar el rumbo de España. Estamos ante unos Presupuestos de país que deben sentar las bases de un cambio de modelo productivo que nos fortalecerá como sociedad. Son los Presupuestos de la Transformación para construir un país mejor, más justo socialmente, más productivo, más ecologista y más feminista. Los PGE se sustentan en cuatro pilares básicos: la transformación digital, la transición ecológica, la cohesión territorial y social, y la necesidad de una agenda feminista que sume a todos y a todas.

Resulta alentador leer en los PGE esta declaración de intenciones. El feminismo como movimiento social busca el cambio social para llegar a un nuevo modelo de sociedad. Parafraseando a Victoria Sau, el feminismo implica que las mujeres toman conciencia de su situación de opresión y dominación que sufren en la sociedades patriarcales. Esta toma de conciencia lleva implícita la búsqueda de un modelo de sociedad donde las desigualdades no tengan cabida. Si una sola mujer sufre cualquier tipo de discriminación, ya sea por razón de sexo, del color de su piel, del lugar de procedencia…, el feminismo no habrá logrado sus metas. Por eso es gratificante leer que uno de los pilares del gobierno es seguir una agenda feminista.

Son muchas las medidas sociales que se incluyen en los PGE, aquí vamos a centrarnos en los cuidados y más específicamente en la dependencia, porque como hemos repetido hasta la saciedad una de las principales causas de la desigualdad son los cuidados. Son las mujeres las que cuidan: las madres, las abuelas, las hermanas, las mujeres migrantes… Ya sea trabajo remunerado o no remunerado, es realizado mayoritariamente por mujeres.

El vicepresidente Iglesias en la presentación del anteproyecto de ley de PGE 2021, dijo que se aportarían más de 600 millones de euros al sistema de dependencia para reducir las listas de espera y mejorar las prestaciones, revirtiendo los recortes que se perpetraron en 2012. Se emplearán también más de 700 millones de los fondos europeos para mejorar la atención a las personas mayores y transitar desde el actual modelo basado en las residencias hacia un modelo más parecido al de los países nórdicos que apueste por la atención domiciliaria. 

El incremento presupuestario al sistema de dependencia es muy importante, sobre todo porque modifica la tendencia de los últimos años. Dicho lo cual tenemos que señalar que los 600 millones que se destinan en los PGE son claramente insuficientes. Debemos tener en cuenta que según la «Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales», los recortes presupuestarios acumulados desde 2012, ascienden a 5.864 millones. Si el sistema de atención a la dependencia ya se demostró claramente insuficiente, la aportación presupuestaria actual servirá para rebajar las listas de espera y poco más.

Desde que comenzó la pandemia que aún sufrimos, las deficiencias de las residencias geriátricas han tenido como consecuencia que muchas personas mayores hayan fallecido sin atención y en soledad, otras muchas siguen sin recibir la atención a la que tienen derecho y no parece que se hayan tomado medidas eficaces. Las residencias son necesarias, hemos hablado de ello refiriéndonos a Madrid, pero su problemática se puede generalizar para el conjunto del Estado. Enlacemos esta idea con las declaraciones del vicepresidente Pablo Iglesias sobre el paso a un nuevo modelo de atención a la dependencia. Como modelo teórico ideal, la atención domiciliaria es sin duda la más deseada, pero requeriría una inversión muy superior a los 700 millones presupuestados para este fin.  

A modo de ejemplo, el estudio Atención a la dependencia en España. Evaluación del sistema actual y propuesta de implantación de un sistema basado en el derecho universal de atención suficiente por parte de los servicios públicos, realizado por el Instituto de Estudios Fiscales, que toma como referencia el modelo nórdico, señala que el gasto público en cuidados de las personas mayores dependientes se situaría en unos 12.000 millones de euros, es decir, se necesitaría un incremento de 7.000 millones de euros. El presupuesto actual está tan lejos de estas cifras que no merece la pena debatir la factibilidad de la idea.

Otro debate que merece la pena es si el modelo nórdico de cuidados es el mejor y en el caso de que lo fuera  qué condiciones socioeconómicas requeriría su implantación para su viabilidad y que los cuidados no recayeran de nuevo sobre las mujeres. Otro día analizaremos esta cuestión.

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Tiempos de pandemia. Planes de Igualdad

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Los avances que con tantos esfuerzos hemos logrado las mujeres están sufriendo un retroceso desde que el #COVID19 comenzó a modificar nuestra vida, tanto en lo social, como en lo político o en lo económico. Amplios sectores de la población han visto como se destruyen sus empleos y con ello como limita su acceso a las necesidades básicas de supervivencia. Las mujeres, una vez más, salimos perjudicas de esta crisis al ser nosotras las que realizamos la mayor parte de las tareas de cuidar, esas tareas necesarias e imprescindibles, que la sociedad patriarcal nos asigna a las mujeres y que son hoy más necesarias que nunca. A pesar de ello  siguen siendo las tareas a las que les da menor valor social y económico.

Conviene no olvidar que son las mujeres, en muchos casos migrantes que trabajan en condiciones de precariedad y que no se encuentran en condiciones de exigir sus derechos, las que siguen cuidando y a menudo sin la debida protección ante el COVID19.

Ante tanta desesperanza parece una buena noticia que se hayan publicado dos reales decretos de igualdad retributiva entre mujeres y hombres y el que regula los planes de igualdad y su registro y modifica el Real Decreto 713/2010. Ambos presentan importantes novedades que esperamos y deseamos den resultados reales.

Respecto de los Panes de Igualdad (PI), desde que en 2007 la Ley orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, reguló su implantación, se pensó que era una medida importante para avanzar en el camino de la igualdad de oportunidades y de derechos de las mujeres. Trece años después los resultados no son positivos y ello se debe a varias razones.

1) La elaboración de PI era una recomendación para las empresas con más de 250 trabajadoras/es. Teniendo en cuenta que el tejido empresarial de nuestro país es mayoritariamente de PYMES, aun cuando se hubiera cumplido la legislación el resultado habría  sido insuficiente.  

2) Aunque se señalaba el deber de negociar planes de igualdad en las empresas, no se contemplaba ninguna penalización si se incumplía la legislación.

3) A menudo las empresas que elaboraban PI se limitaban a tomar algunas medidas sin hacer el diagnóstico previo imprescindible para que fuera eficaz. Un PI debe cumplir algunos requisitos previos. Me remito a un post anterior que resume los datos a analizar para elaborar un PI.

Para potenciar la elaboración de PI se creó en  2009 un distintivo empresarial en materia de igualdad para aquellas empresas que destacasen por la aplicación de políticas de igualdad. No obstante, como señala el Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, los resultados fueron discretos, cuando no insignificantes, lo que contraviene la propia finalidad de la citada ley orgánica, por ello se estableció la obligatoriedad de que todas las empresas con cincuenta o más personas trabajadoras elaboraran y aplicaran un plan de igualdad. Los resultados han sido también deficientes.

En el real decreto ahora aprobado se establece el diagnóstico, como elemento esencial de la obligatoriedad de los planes, así como el desarrollo de las medidas y sistemas de seguimiento y evaluación, subrayándose la necesidad de adoptar criterios y plazos de revisión que garanticen la eficacia y adecuación de los planes de igualdad.

Por lo que respecta a la igualdad salarial, los avances son pocos y siempre relativos, ya que los roles de género siguen perjudicando a las mujeres, tanto en el acceso como a la promoción en el empleo. Por ello parece especialmente relevante que el real decreto de igualdad retributiva obligue a que todas las empresas deban tener un registro retributivo de toda su plantilla, incluido el personal directivo y los altos cargo. Esta información deberá estar desagregada en atención a la naturaleza de la retribución, incluyendo salario base, cada uno de los complementos y cada una de las percepciones extrasalariales.

La correcta valoración de los puestos de trabajo es imprescindible para eliminar las discriminaciones existentes. En este sentido el decreto dice: Conforme al artículo 28.1 del Estatuto de los Trabajadores, un trabajo tendrá igual valor que otro cuando la naturaleza de las funciones o tareas efectivamente encomendadas, las condiciones educativas, profesionales o de formación exigidas para su ejercicio, los factores estrictamente relacionados con su desempeño y las condiciones laborales en las que dichas actividades se llevan a cabo en realidad sean equivalentes. Los trabajos que mayoritariamente realizan las mujeres han sido tradicionalmente valorados peor y en consecuencia se recibe menor remuneración que los realizados por los hombres. De ahí la importancia de esta medida.

Tanto la ministra de trabajo Yolanda Díaz como la de igualdad Irene Montero, resaltaron en la presentación de los reales decretos, que el incumplimiento seria cusa de sanción.

Una vez señalada la indudable importancia que tiene la puesta en marcha de las disposiciones señaladas, hay que recordar que incluso en el caso de que se cumplieran en su totalidad, son muchas las mujeres que seguirían sufriendo situaciones de discriminación.

Las desigualdades y desequilibrios se están sufriendo a nivel global y por ello debemos estar alerta. En este sentido el informe de Forética sobre la Agenda 20/30 señala que antes de que comenzara la crisis producida por del COVID-19 ya se evidenciaba que no llegaríamos al 2030 con el éxito esperado y sin dejar a nadie atrás, hoy nos encontramos con que el  47% de los ODS podrían verse impactados negativamente, como el ODS 4, educación de calidad, o el ODS 5, igualdad de género.

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La violencia contra las mujeres es perpetrada por hombres, conviene no olvidarlo

La violencia machista es un problema estructural que se perpetúa en nuestra sociedad, así lo refleja la MACROENCUESTA DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 2019. Los datos de la encuesta son escalofriantes:

.- 1 de cada 2 mujeres (57,3%) residentes en España de 16 o más años ha sufrido violencia a lo largo de sus vidas por ser mujer. Suponen 11.688.411 mujeres.

.- Un 8,7% (1.778.550 mujeres) han sufrido violencia física antes de cumplir los 15 años de edad.

Un dato alarmante, por las consecuencias que tiene para la salud física y psíquica de la infancia, es que el 51,7% de las mujeres, que han sufrido violencia física, sexual o emocional de alguna pareja y tenían hijas/os en ese momento, afirman que estos presenciaron o escucharon lo que ocurría y que sus hijas e hijos menores sufrieron violencia a manos de la pareja violenta.

Las mujeres hemos logrado importantes avances, como el acceso a la educación o al empleo, pero no han servido para erradicar la violencia que, por el hecho de ser mujeres, sufrimos a diario.  A veces se presenta la violencia machista como algo del pasado, como si la sociedad machista y patriarcal hubiera desaparecido. Los avances en igualdad de derechos y oportunidades que hemos alcanzado tendrían que servir para que la violencia de género cesará, para que las generaciones de mujeres jóvenes no tuvieran que soportar lo que sus predecesoras hemos vivido, pero la encuesta citada demuestra que las jóvenes son las que más sufren violencia machista.

.- El 71,2% de las mujeres de 16 a 24 años sufren acoso sexual o violencia física o psíquica por parte de sus parejas o exparejas.

Pero ¿quién maltrata, viola o comete abuso sexual? La Macroencuesta lo deja claro: El 99,6% de las mujeres que han sufrido violencia sexual experimentaron esta por parte de un agresor hombre. Esto nos lleva al hecho de que si 11.688.411 de mujeres han sufrido algún tipo de violencia, ese es el número de hombres que agreden a sus parejas o exparejas, a niñas o jóvenes, a mujeres con las que tienen algún tipo de relación o parentesco, porque no debemos olvidar que las agresiones a menores son perpetradas en el entorno familiar.

Los datos de esta encuesta debería poner la violencia machista en primer plano de la agenda política, económica y social y la pandemia que estamos viviendo no puede servir de justificación para que esta realidad se olvide. Las mujeres son las más perjudicadas en esta crisis que sufrimos como consecuencia del COVID19 por diversas razones.

El sector servicios es uno de los que más está sufriendo la pandemia y las mujeres trabajaban mayoritariamente en este sector de producción. Hemos denunciado de manera reiterada que los cuidados no deben ser «cosa de mujeres», que debe avanzarse en la corresponsabilidad, tanto de los hombres como de las administraciones y empresas.

El cierre de los colegios, centro de atención a mayores y dependientes, la tragedia de las residencias geriátricas, etc., han  agudizado un problema endémico y al que no se le ha prestado la suficiente atención. El mayor peso de los cuidados está recayendo sobre las mujeres, lo que tiene consecuencias desastrosas. son muchas las migrantes que trabajan cuidando de las `personas mayores en condiciones de precariedad, sin tener opción de acceder al Ingreso Mínimo Vital, por no tener papeles. Cuando estas mujeres dejan de percibir ingresos no sufren ellas solas, sus hijas e hijos se ven privados de lo necesario para sobrevivir.

Tampoco podemos olvidarnos de la dramática situación de las mujeres inmersas en el sistema prostitucional, encerradas en prostíbulos, más sometidas que nunca al poder de los proxenetas, ¿qué pueden hacer más que seguir siendo explotadas? Se está demandando el cierre de los prostíbulos por cuestiones de salud para los mal llamados «clientes», pues si deben cerrarse porque son espacios de explotación de mujeres. Pero hay que ofrecer soluciones habitacionales,  económicas y formativas para que esta medida sea real y pueda mantenerse a largo plazo. El cierre de prostíbulos podría ser el primer paso para abolir la prostitución. De nuevo tenemos que tener claro que los prostíbulos se mantienen porque hay hombres que están dispuestos a pagar por disponer a su antojo del cuerpo de las mujeres.

Los hombres de nuevo son los que ejercen la violencia sobre las mujeres.

 

 

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Madrid #Covid19

Fui sobre agua edificada. Mis muros de fuego son. Esta es mi insignia y mi blasón

Mural pintado por Alberto Corazón en la fachada de un edificio de plaza de Puerta Cerrada

El aislamiento pasa factura, no importa que hayas vivido estos casi tres meses en una situación digamos privilegiada, Quiero decir acompañada, en un espacio con todas las comodidades y sin problemas reseñables. No salir de casa durante tanto tiempo da una sensación de irrealidad, sobre todo al principio. Disponer de las nuevas tecnologías ha sido importante. Ver, aunque sea a través de una pantalla, a las personas más cercanas ha sido fundamental y a pesar de disponer de todas estas ventajas, la crisis que vivimos afecta.

Escribí mi primera entrada en este espacio un mes después de comenzar el estado de alarma. Reclamaba en ese post una renta básica, renta mínima o renta vital. Hoy celebro que el gobierno haya aprobado un Ingreso Mínimo Vital. Analizaremos en otro momento si va a dar cobertura a todas las personas que necesitan ayuda para cubrir las necesidades más básicas, pero lo que es seguro que es una buena medida, importante y necesaria.

Hoy me propongo hablar de la Comunidad de Madrid, de la mala gestión de su presidenta y de las consecuencias que está teniendo y tendrá para el conjunto de la población. Una de las cuestiones más dolorosas que hemos vivido estos meses ha sido la desatención en la que han vivido las personas mayores que estaban en residencias o vivían solas. Más de 5.000 mayores han fallecido en las residencias de la Comunidad de Madrid. En torno al 90% eran de residencias privadas y concertadas.

La Comunidad de Madrid hizo caso omiso de las reiteradas denuncias que desde diferentes ámbitos se venían haciendo de la desatención que sufrían las personas mayores en las residencias. En algunos casos el personal de dichas residencias también denunciaba la precariedad con la que realizaban su trabajo. También ahora pretende desentenderse del problema y mirar para otro lado cuando se denuncia que se establecieron protocolos para que no se llevara a las personas mayores infectadas por coronavirus a los hospitales.

El daño que la presidenta Ayuso está haciendo tendrá consecuencias incalculables. Debemos recordar que las residencias de mayores son necesarias y en algunas casos imprescindibles. Hablamos de unas residencias en las que las personas vivan en condiciones dignas, en la que estén cuidadas por profesionales con la cualificación adecuada y con atención sanitaria. Costará recuperar la confianza en estos centros, en un momento en el que el estigma que implica llevar a una persona mayor se estaba superando. Centros de día, residencias y atención domiciliaria deben recuperarse lo antes posible, pero no de cualquier manera, con medios adecuados y con gestión pública.

No voy a relatar todas las noticias sobre las atrocidades que se han vivido en las residencias de mayores de la CM y que hemos ido conociendo estos meses, lo que queremos es recordar a todas las mujeres y hombres que se merecían una vida mejor y que por ineptitud de la presidenta Isabel Díaz Ayuso no han tenido. La gestión de las residencias se ha dado a grupos empresariales a los que nada les importan como viven o mueren quienes residen en dichos centros. Lucrarse con los bienes públicos es incalificable, hacerlo con la vida de las personas mayores supone una falta de ética que no puede quedar impune.

La presidenta Ayuso debe dejar de presentarse ante la ciudadanía como si lo que pasa en la comunidad no fuera con ella, solo toma medidas cuando se trata de dejar sin cobertura a las personas más vulnerables. Hoy CC.OO denuncia que ‘La Comunidad de Madrid elimina más de 14.000 plazas en la escuela pública el curso que viene‘. No todo vale señora Ayuso, la educación debe ser pública y gratuita desde los cero años.

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Desigualdad de género y cuidados. El lenguaje importa

La pesada y desigual responsabilidad del trabajo de cuidados que recae sobre las mujeres perpetúa tanto las desigualdades económicas como la desigualdad de género.

 

El informe de Oxfam Intermón Tiempo para el cuidado. El trabajo de cuidados y la crisis global de desigualdad, denuncia que la desigualdad económica está fuera de control y que es consecuencia de un sistema económico fallido y sexista que valora más la riqueza de una élite privilegiada, en su mayoría hombres, que los miles de millones de horas del esencial trabajo de cuidados no remunerado o mal remunerado que llevan a cabo fundamentalmente mujeres y niñas en todo el mundo.

Cuidar de niñas y niños, de personas mayores o enfermas, cocinar, lavar, coser, ir a buscar agua y leña, etc., son tareas que las sociedades patriarcales asignan a las mujeres y ello tiene costes importantes para su desarrollo personal y profesional. En muchas sociedades las niñas, desde muy pequeñas, se encargan de las tareas domésticas y de cuidado. «En todo el mundo, las mujeres y las niñas en situación de pobreza asumen una parte desproporcionada del trabajo de cuidados no remunerado o mal remunerado, especialmente aquellas que, por pertenecer a determinados colectivos, no solo sufren discriminación por razones de género, sino también de raza, etnia, nacionalidad, sexualidad y casta. Las mujeres realizan más de tres cuartas partes del trabajo de cuidados no remunerado, y constituyen dos terceras partes de la mano de obra que se ocupa del trabajo de cuidados remunerado«.

Los cuidados son el gran hándicap para la igualdad de oportunidades, para la igualdad de derechos entre mujeres y hombres. A pesar de que la aportación de las mujeres a la economía es fundamental, su trabajo no es valorado ni económica ni socialmente. Oxfam ha calculado que tan solo el trabajo de cuidados no remunerado que realizan las mujeres aporta a la economía un valor añadido de al menos 10,8 billones de dólares anuales, una cifra que triplica la aportación de la industria de la tecnología.

El elevado tiempo de trabajo que mujeres dedican al cuidado, en especial en la etapa reproductiva, repercute en sus ingresos, en su nivel de vida.

El trabajo remunerado de cuidados también lo realizan en su mayoría mujeres que trabajan en condiciones de precariedad y, en muchos casos, desprotegidas por la legislación. El siguiente gráfico lo refleja con claridad.

Siguiendo con el informe vemos que: El mundo se enfrenta a una inminente crisis de los cuidados, derivada de las consecuencias del envejecimiento demográfico, los recortes en los servicios públicos y los sistemas de protección social, y los efectos del cambio climático, que amenazan con empeorar la situación y aumentar la carga sobre las personas que asumen el trabajo de cuidados.

Algunas recomendaciones del informe que es imprescindible tener en cuenta:

1.- Los gobiernos deben invertir en sistemas nacionales de atención y cuidados que permitan abordar la desproporcionada responsabilidad de trabajo de cuidados que recae sobre las mujeres y las niñas.

2.- Los Gobiernos deben adoptar medidas para reducir drásticamente la brecha entre los más ricos y el resto de la sociedad y dar prioridad al bienestar del conjunto de la ciudadanía en vez de fomentar un crecimiento y un beneficio económico insostenibles.

3.- Los Gobiernos deben garantizar la adopción de políticas jurídicas, económicas y laborales que protejan los derechos de todas las personas que llevan a cabo el trabajo de cuidados sin remunerar y remunerado, tanto en el sector formal como en el informal. Esto debe incluir la ratificación del Convenio 189 de la OIT sobre la protección de las trabajadoras y los trabajadores del hogar.

4.- Combatir las normas sociales nocivas y las creencias sexistas que consideran que el trabajo de cuidados es responsabilidad de las mujeres y las niñas, dan lugar a un reparto desigual de dichas tareas y perpetúan la desigualdad tanto económica como de género.

5.- Promover políticas y prácticas empresariales que pongan en valor el trabajo de cuidados. Las empresas y negocios deben asumir su responsabilidad de contribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El informe que estamos analizando se publica el mismo día que la RAE rechaza el uso de lenguaje inclusivo. Relacionar los dos informes es casi inevitable. El Informe sobre el lenguaje inclusivo en la Constitución, considera que: Son inequívocamente inclusivos en la Constitución grupos nominales en plural como niños, padres e hijos profesores trabajadores, jueces, magistrados, abogados, electores consumidores militares, funcionarios, extranjeros, ministros, alcaldes, presidentes, embajadores , etc., pues con el masculino genérico se designa a ambos sexos. Resulta cuando menos curioso que si vea necesario desdoblar cuando la constitución hace referencia a ‘princesa’. El sustantivo princesa no aparece en la Carta Magna. Sí se menciona al Príncipe. Es recomendable sustituir estas tres menciones por fórmulas coordinadas como el Príncipe o la Princesa de Asturias.

También recomienda desdoblar rey/reina. Las mujeres que no somos de la realeza no tenemos derecho a ser nombradas.

Este espacio utilizará un lenguaje inclusivo, no sexista, que nombre a las mujeres y visibilice su papel en la sociedad.

#LoQueNoSeNombraNoEsixte

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Cuando el feminismo molesta se le llama ‘feminismo rancio’

El feminismo, es un movimiento social y político que se inicia formalmente a finales del siglo XVIII -aunque sin adoptar todavía esta denominación- y que supone la toma de conciencia de las mujeres como grupo o colectivo humano, de la opresión, dominación, y explotación de que ha sido y son objeto por parte del colectivo de los varones en el seno del patriarcado bajo sus distintas fases históricas de modelo de producción, lo cual las mueve a la acción para la liberación de su sexo con todas las transformaciones de la sociedad que aquélla requiera. Victoria Sau.

 

¿Qué hacer? ¿Responder a los absurdos de una asociación que niega que las mujeres somos discriminadas por el hecho de ser mujeres, que vivimos en una sociedad patriarcal en la que el hombre sigue siendo el referente? Con muchas dudas, porque de alguna manera es darles publicidad, voy a responder a algunas de las cuestiones que plantean.

Convocan una manifestación contra el ‘feminismo rancio’ utilizando el Hashtag #8M, el mismo que el movimiento feminista lleva utilizando años y dicen que ‘en femenino Si y en masculino TAMBIÉN’. Un poco de coherencia. Si ponen en sus carteles #8M deben ser conscientes de que con esta etiqueta se simboliza el largo proceso que las mujeres llevan reivindicando una sociedad más justa. El #8M representa la larga lucha del movimiento feminista por los derechos de las mujeres, por una sociedad en la que las desigualdades desaparezcan, en la que cesen los asesinatos machistas, en la que los trabajos feminizados sean valorados social y económicamente, en definitiva, es el símbolo de las feministas por un mundo más igualitario.

Dicen que protestarán por 8 mentiras, que según ellas defendemos las feministas radicales y  rancias. Voy a desmontar dos de estas ‘mentiras’. Comienzo por la 5ª porque estos días se celebra el Día Internacional por la Igualdad Salarial.

5: Es mentira que la discriminación laboral, la brecha salarial y la desigualdad en las oportunidades son fruto de una sociedad  patriarcal y machista. Entiendo que aceptan que las mujeres sufren/sufrimos discriminación en el empleo, en el salario y que vivimos situaciones de discriminación, ya es algo. Negar que estas desigualdades son consecuencia de que vivimos en una sociedad en la que los hombres controlan el poder político, social y económico, es decir, en una sociedad patriarcal,  es cerrar los ojos a la realidad y ver el mundo con una perspectiva miope  para justificar lo que no se quiere ver.

Negar que el machismo es la causa de la desigualdad que impera en la sociedad, me deja anonadada ¿Porqué se penaliza a las mujeres por ser madres? ¿Por qué se las discrimina en el empleo a pesar de tener una formación similar o superior a la de los hombres? ¿Por qué son ellas las que cuidan de hijas e hijos y de las personas dependientes? La explicación es muy clara, porque las mujeres siguen siendo ciudadanas de segunda en la sociedad del siglo XXI. Bajo la apariencia de modernidad y de avances técnicos, las mujeres siguen sometidas al poder masculino y son moneda de cambio en el mercado laboral. Negar que el machismo sigue imperando en nuestra sociedad significa corteza de miras y ocultar el sufrimientos que conlleva para muchas mujeres. Negar esta realidad impide poner remedio  a  la desigualdad y que la sociedad avance, imposibilita que las nuevas generaciones de niñas y niños puedan desarrollar todas sus capacidades sin condiciones de género.

8: Es mentira que la lucha por los derechos de la mujer y la igualdad real necesita financiación estatal y subvenciones para ser eficaz y acabar con las estructuras machistas. En la ‘mentira’ anterior negaban que las discriminaciones que existen sean consecuencia de la sociedad patriarcal y machista. Ahora parecen aceptar que las estructuras machistas si existen, lo que discuten es que sean necesarias subvenciones para ser eficaces. ¿Qué proponen para eliminar las desigualdades que sufren las mujeres? ¿Cómo lograr la igualdad de oportunidades?  Supongo que no piensan que debemos esperar que la sociedad evolucione sin más, sin aplicar políticas públicas que posibiliten el cambio de mentalidad para avanzar en igualdad. Los avances sociales son siempre lentos, pero se puede y debe impulsar el cambio con medidas que no permitan las discriminaciones que sufren las mujeres por ser mujeres.

No se equivoquen, la discriminación de las mujeres, de todas las mujeres, no sólo de algunas, requiere de una voluntad política que tome medidas eficaces y penalice las desigualdades, siempre escuchado al movimiento feminista que lleva siglos trabajando por la igualdad de oportunidades, por una sociedad en la que las mujeres tengan voz, sean nombradas y puedan ser lo que deseen.

 

 

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