Es indudable que algo está cambiando en nuestra sociedad. Hemos visto que el movimiento feminista consiguió movilizar a miles de mujeres, que logró que en muchas ciudades el 8 de marzo el color morado inundara las calles, los mercados… Fueron muchas las mujeres que se unieron para reclamar ser ciudadanas de pleno derecho.
Las masivas manifestaciones del 8 de marzo pusieron de manifiesto que las mujeres no se resignan a ser discriminadas en el mercado laboral, a ser minusvaloradas e invisibilizadas en el día a día, a ser relegadas al espacio doméstico y de cuidados, a ser consideradas meros objetos en la publicidad, a sufrir todo tipo de violencias por el hecho de ser mujeres. Por ello, exigieron el fin de la discriminación laboral y salarial, reclamaron cambios legislativos para eliminar el rol de cuidadoras que aún pesa sobre las mujeres, exigieron medidas reales contras las violencias machistas, en definitiva, reclamaron un modelo de sociedad en el que la igualdad sea real.
El cambio que vimos el 8 de marzo lo refleja la encuesta de Demoscopia para ‘El Mundo’. La discriminación de género es vista como un problema por una amplia mayoría de la sociedad. Más del 75% de las personas encuestadas consideran que las mujeres sufren discriminación de género en el acceso a los puestos de dirección, tanto política como económica, en el salario o en las condiciones para compatibilizar trabajo remunerado y familia.
Que una amplia mayoría de la sociedad sea consciente de la discriminación de género es sin duda importante, pero llama la atención que aun siendo conscientes de este hecho y de señalar que en España las administraciones toman pocas medidas para favorecer la igualdad, sólo el 36,6% considera necesario penalizar a las empresas que no promuevan la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
A este respecto conviene recordar que las administraciones tienen la obligación de garantizar la igualdad de género. Veamos, la Constitución señala:
Art. 9.2. ‘Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.
Art. 14. ‘Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social’.
La «Ley orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres«, incorpora al ordenamiento jurídico español dos directivas. La Directiva 2002/73/CE, que se refiere a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en cuanto al acceso al empleo, a la formación y a la promoción de profesionales, en condiciones iguales; la Directiva 76/207/CEE, el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres al acceso a bienes y servicios y su suministros.
El Art. 11.1 dice: ‘Con el fin de hacer efectivo el derecho constitucional de la igualdad, los Poderes Públicos adoptarán medidas específicas en favor de las mujeres para corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho respecto de los hombres. Tales medidas, que serán aplicables en tanto subsistan dichas situaciones, habrán de ser razonables y proporcionadas en relación con el objetivo perseguido en cada caso’.
Está claro que cuando se discrimina a las mujeres, cuando se las penaliza en el mercado laboral por razón de su género, se está incumpliendo la legislación vigente. ¿Por qué se teme penalizar a las empresas que no cumplan la ley? ¿Por qué tanta permisividad ante una clara vulneración de la legislación vigente cuando se trata de la igualdad de género?
En la citada Ley de Igualdad, incluso se contempla la posibilidad de adoptar medidas para corregir las desigualdades existentes, las acciones positivas. Se habla de las ‘mujeres cuota’ como si fuera una práctica habitual la implantación de acciones positivas, cuando la realidad es que raramente se aplican. Sin embargo, poco se comenta que las cuotas son una realidad, pero para los hombres. Ser hombre es una garantía para acceder a un puesto, con independencia de sus valía; por el contrario una mujer tiene que demostrarla. ¿Por qué no se habla de los ‘hombres cuota’?
igualdad y conciliación 